La propuesta de la concejalía de Movilidad salva el primer trámite para su aprobación plenaria con apoyo de PP y VOX, la abstención del PSOE y el voto en contra de Compromís y EU
- El acuerdo contempla el mantenimiento de la externalización del servicio por criterios de eficiencia, calidad y sostenibilidad tras el estudio realizado y los informes jurídicos y contables aportados
Alicante, 26 de febrero de 2024. Alicante mantendrá la gestión indirecta de los servicios de retirada, inmovilización y depósito de vehículos (ORA-Grúa) en la zona azul, cuyo contrato terminará el próximo 22 mayo tras sus 10 años de vigencia y completar dos prórrogas de un año cada una, más una prórroga de 204 días por la pandemia. La comisión de Servicios informó este lunes favorablemente la propuesta del área de Movilidad Urbana para mantener el mismo sistema de control del estacionamiento en zona azul mediante gestión indirecto por criterios de eficiencia, calidad y sostenibilidad, como paso previo a la licitación del nuevo contrato.
La propuesta de acuerdo fue informada favorablemente por la comisión informativa municipal con el apoyo mayoritario ponderado de los grupos PP (14 concejales) y Vox (4), la abstención del PSOE (8) y el voto en contra de Compromís (2) y EU-Podem (1). El acuerdo será debatido y sometido de nuevo a aprobación definitiva en el Pleno ordenario del mes de febrero, que se celebrará el próximo jueves, día 29.
El equipo de gobierno defiende en su propuesta el mantenimiento del modelo actual de gestión de la ORA con gestión indirecta, en función del estudio que la acompaña en el que se acredita “la conveniencia para los intereses públicos municipales por razones de eficiencia, sosteniblidad y calidad, de mantener la gestión indirecta, como forma de gestión de los servicios públicos ORA-Grúa”. Así lo afirma la propuesta de acuerdo elaborada por la concejalía de Movilidad Urbana tras comparar eficiencia, medios técnicos y costes. De la misma forma se pronuncia tanto la Asesoría Jurídica municipal como el área de Economía y Hacienda en sus respectivos informes.
El informe jurídico y económico elaborado por los despachos de Broseta e Ingartek apunta que si se cambiase a gestión directa “el Ayuntamiento tendría que asumir los costes de personal, incorporando su antigüedad, en el supuesto de que se produjese la subrogación de la plantilla actual con el consiguiente incremento presupuestario y de masa salarial, lo que podría conculcar la Ley de Presupuestos del año correspondiente”, mientras que con una gestión indirecta se “derivan ciertos riesgos operacionales a la empresa que pueda resultar adjudicataria del servicio y que no tendría que asumir el ayuntamiento”.
El informe también llega a la conclusión de que crear una empresa pública conllevaría mayor gasto que la gestión indirecta. “Una emprsa pública de gestión directia, al asemejarse en su estructura a una empresa privada, conduce a equiparar sus costes. Sin embargo, para alcanzar la economía de escala de una empresa privada, necesita alcanzar un nivel e negocio, que en ciudades de tamaño medio no es posible”, describe.
