La Junta General del Patronato Municipal de la Vivienda desbloquea el proceso para acceder a una vivienda municipal después de la última convocatoria de solicitudes de 2016
- Los solicitantes actualmente en la bolsa deberán renovar la solución en caso de mantener el interés en un plazo de seis meses desde la publicación de las bases reguladoras en el BOP
Alicante, 6 de agosto de 2024. El Patronato Municipal de la Vivienda ha aprobado este martes en su Junta General extraordinaria las nueva bases reguladoras del Censo de Demandantes y del procedimiento de adjudicación de la bolsa de viviendas públicas municipales, que establece un mecanismo dinámico con solicitudes renovables cada dos años y actualizables cada vez que cambie la situación del solicitante, y que abandona el sistema de acceso mediante convoctorias. Los solicitantes actuales dispondrán de seis meses para renovar su solicitud, con el fin de actualizar el censo actual.
El concejal de Vivienda, Carlos de Juan, ha explicado que “el objetivo de esta modificación del procedimiento de acceso a una vivienda pública municipal impulsada por el equipo de gobierno pretende generar una bolsa de alojamiento dinámica al que tenga acceso toda la población de forma permanente y no como hasta ahora que se realizaba mediante convocatorias resultando poco satisfactoria al carecer de renovación por el elevado número de solicitantes en lista de espera”.
El nuevo procedimiento de acceso establece que cada solicitud tendrá una duración de dos años, al término de los cuales decaerá y el interesado deberá renovar su petición. Solo se requerirá de una declaración responsable con la descripción de su situación para poder aceder a una baremación previa, sin necesidad de aportar documentación hasta que se abra la posibilidad de acceso a una vivienda.
Los solicitantes que permanecen en la bolsa vigente deberán proceder a su renovación en un plazo de seis meses, a partir de la publicación de las nuevas bases reguladoras en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), momento en el que también empezará a contabilizarse la antigüedad.
Las nuevas bases reguladoras afectarán a un parque compuesto por 748 viviendas públicas del Ayuntamiento de Alicante, que gestiona el Patronato Municipal de la Vivienda, correspondientes a los programas de Arrendamiento General, Arrendamiento Intergeneracional y Emancipación para Jóvenes, además de otras modalidades más específicas.
748 viviendas municipales
De Juan ha resaltado que “con estas bases impulsadas desde el equipo de gobierno del Partido Popular tratamos de que el procedimiento de acceso esté permanentemente abierto y sea accesible a todos los alicantinos sin que tengan que esperar a que se abran nuevas convoctorias, puesto que la última es de 2016 y desde entonces nadie había podido acceder al sistema al seguir con lista de espera, a pesar de haberse suscrito en este periodo 154 contratos de alquiler”.
"El objetivo que nos marcamos ahora es ir ampliando esta bolsa de vivienda pública municipal con nuevos recursos mediante la promoción de 29 nuevas viviendas para alquiler jóven, 15 en el Portón cuyas obras se espera puedan estar terminadas en 2025, y otras 14 con el proyecto que se va a poner en marcha de reforma del antiguo edificio de viviendas de maestros en San Gabriel, entre otras iniciativas en las que trabaja el Patronato”, ha comentado De Juan.
Sin votos en contra
El acuerdo adoptado en la reunión extraordinaria de la Junta General del Patronato Municipal de la Vivienda de este martes ha salido adelante, sin ningún voto en contra, con el apoyo político de los grupos Popular, Compromís EU Podem, y la abstención de PSOE y Vox. Además, también ha recibido el apoyo del resto de entidades profesionales, sociales y vecinales que integran la Junta General.
Previamente, se han resuelto las propuestas presentadas al borrador por los grupos socialista, siendo admitidas parcialmente tres y rechazadas las cuatro restantes; una de Vox que ha sido admitida y ocho de EU-Podem con una admitida, dos parcialmente y cinco rechazadas. Entre los ajustes realizados se da un mayor poder decisorio a los órganos de gobierno a la hora de adjudicar viviendas en casos de emergencia y se garantiza el acceso general a las viviendas públicas municipales, al tiempo que se acuerda notificar a las personas en listas de espera la necesidad de renovar su solicitud en el plazo de seis meses.
