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Espuch destaca la importancia de que Alicante se sume a esta medida que dará un trato jurídico privilegiado al traslado forzoso de las víctimas de violencia de género
Alacant, miércoles 28 de junio de 2017.-Los grupos de Compromís y Guanyar han elevado una iniciativa que ha sido aprobada por el Pleno de junio para impulsar la movilidad de las empleadas públicas entre administraciones públicas por razón de violencia de género, con el fin de facilitar la consecución de las medidas de protección y asistencia social integral de una manera ágil y rápida, en el marco del convenio marco propuesto por la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades públicas y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).
La Declaración Institucional proponía al pleno instar al Consell a que apruebe el Convenio Marco propuesto entre la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), que facilita la movilidad de las empleadas públicas víctimas de la violencia de género a otras administraciones cuando se vean obligadas a abandonar su puesto de trabajo en la localidad donde prestaban sus servicios, dando así efectividad a las medidas de protección judicialmente establecidas.
Así mismo, planteaba que el Ayuntamiento se adhiera al mencionado Convenio Marco una vez sea aprobado para ofrecer desde nuestra administración una respuesta rápida y eficaz, desde un punto de vista laboral, a las víctimas de la violencia de género que puedan padecer las empleadas públicas.
Según explica la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Alicante, María José Espuch, los poderes públicos no pueden ser ajenos a la lacra de la violencia de género, que constituye uno de los ataques más flagrantes a los derechos fundamentales proclamados en la Constitución Española.
Por este motivo, añade, las administraciones públicas han de adoptar medidas globales que contribuyan a una protección más efectiva, las cuales permitan compatibilizar la vida profesional de las personas afectadas con la problemática especial que padecen.
Dada la situación actual, se hace necesaria la existencia de un marco que proteja aquellas empleadas públicas que son víctimas de violencia de género; un marco que aplique actuaciones conjuntas y coordinadas entre las diferentes administraciones públicas radicadas en la Comunitat Valenciana con el objetivo de conseguir un cambio de lugar de trabajo a otra localidad.
El convenio marco se constituye así como instrumento idóneo para extender esta medida de manera eficaz a todas las administraciones de la Comunitat Valenciana, en contraposición con la vía ordinaria de firma de convenio entre cada una de ellas, lo cual haría excesivamente lenta la aplicación de dicha medida.
De hecho, con este documento se harían realidad las previsiones normativas previstas en la Ley Orgánica 1/2004, del 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en el RDL 5/2015, del 30 de Octubre, por el cual se aprueba el texto de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP); y en la Ley 10/2010, del 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, permitiendo así la movilidad de las empleadas públicas víctimas de la violencia de género a otras administraciones cuando se vean obligadas a abandonar su puesto de trabajo en la localidad donde prestaban sus servicios, dando así efectividad a las medidas de protección judicialmente establecidas.
Su objetivo, según recuerda la propuesta, es facilitar el trato jurídico privilegiado a los traslados forzosos de las mujeres víctimas de violencia de género, cuando se dan las circunstancias establecidas en el artículo 82 del TREBEP.
