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La declaración institucional también pide que se incluyan todos los acuerdos consensuados en la FEMP
El equipo de gobierno municipal ha presentado para aprobación plenaria una declaración institucional por la cual urgen al Gobierno de España a elaborar un nuevo Real Decreto Ley que permita a las entidades locales utilizar sus ‘ahorros’ para atender las necesidades de sus vecinos en esta pandemia. Tras la derrota histórica de la propuesta del Ejecutivo de Sánchez en el Congreso, la rectificación parece insuficiente al no incluir los fondos anunciados ni la posibilidad del uso de los remanentes a los ayuntamientos.
En la declaración suscrita por las portavoces de los grupos Popular y Ciudadanos, Mari Carmen de España y Mari Carmen Sánchez, respectivamente, se señala que “tras esta derrota histórica en el Congreso, y tras haber afirmado reiteradamente la Ministra de Hacienda que no había alternativa, el Gobierno de España ha rectificado y anunciado un nuevo Real Decreto-ley que además de llegar tarde es insuficiente”.
Desde el ejecutivo de Luis Barcala se considera insuficiente este nuevo decreto anunciado por el ministerio de Hacienda porque no incluirá dos fondos esenciales que han venido reclamando las entidades locales españolas desde hace meses: el fondo de 5.000 millones de euros incondicionado para todas las entidades locales y el fondo para paliar el déficit del transporte público urbano cifrado en 1.725 millones de euros.
Además, considera el gobierno municipal que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue sin dar respuesta a otra petición esencial de las ciudades y pueblos de España, puesto que renuncia a implementar un mecanismo para que las entidades locales españolas con remanente de tesorería positivo puedan utilizar dichos ahorros en su totalidad.
Es por ello que, con esta declaración institucional se pide al Pleno del Ayuntamiento de Alicante que exija al Gobierno de España, y en concreto a la Ministra de Hacienda, que de manera inmediata elabore un nuevo Real Decreto que de cumplimiento a la totalidad del acuerdo consensuado por todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Socialista, en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (Documento: "Pilares locales para la reactivación económica y social de la administración local") , a lo aprobado en la Comisión de Reconstrucción y a las peticiones de los alcaldes.
Al mismo tiempo, que se exija también la creación de una comisión negociadora para que el Gobierno escuche a los representantes de las entidades locales españolas (alcaldes, presidentes de Diputación, de Cabildo,...) durante el proceso de elaboración del nuevo Real Decreto.
Y, finalmente, se solicite al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, que asuma su responsabilidad por no transmitir con la debida diligencia -ni transparencia- información adecuada sobre las negociaciones con el Ministerio de Hacienda al resto de miembros de los órganos de gobierno de la institución; por no defender los intereses de las EE.LL., como está obligado a hacer por razón de su cargo, sino los intereses de su partido y por provocar con esta actitud que, por primera vez en la historia de la FEMP, se rompa el consenso histórico que solía presidir los acuerdos de este organismo.
Antecedentes
Tal y como se recoge en la declaración institucional, el Consejo de Ministros, a pesar de no contar con el aval de la FEMP, aprobó el 4 de agosto, el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, que mantenía los aspectos más lesivos del acuerdo rechazado por la mayoría de los miembros que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que incluso modificó las condiciones pactadas con los alcaldes socialistas de la FEMP el mismo día.
El Gobierno ofreció a las entidades locales un fondo de 5.000 millones de euros condicionado que, solamente se repartiría entre aquellas que previamente entregasen al gobierno durante 15 años la totalidad de sus remanentes de tesorería para gastos generales a 31 de diciembre de 2019.
A cambio de que las entidades locales cedieran todos los ahorros municipales, el Gobierno ofrecía un fondo -que suponía solamente una pequeña parte de esos ahorros- a emplear únicamente en las actuaciones definidas por el Ejecutivo en el propio Real Decreto-ley 27/2020 que: no respondía a las necesidades y peticiones municipales, excluía al mundo rural y las entidades locales que cerraron 2019 con Remanente de Tesorería negativo, destruyendo la autonomía local reconocida en la Constitución, y suponía un chantaje inaceptable a todos los Ayuntamientos y Diputaciones.
Este RDL fue rechazado de manera contundente por la mayoría de fuerzas políticas del Congreso de los Diputados el pasado 10 de septiembre (156 votos a favor frente a 193 en contra), que no hizo sino rubricar el profundo rechazo que este Real Decreto-ley suscitaba en la inmensa mayoría de alcaldes y presidentes de diputación, cabildos y consells insulares de España.
