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El plan contempla actuaciones para luchar contra la desigualdad y ayudas a las familias vulnerables para lo que se ha destinado cerca de 25 millones de euros
El alcalde, Luis Barcala, acompañado por el concejal Antonio Peral, responsable del área de Coordinación de Proyecto, y las ediles, Julia Llopis, titular de Acción Social, y María Conejero, al frente de Inmigración, Igualdad y Cooperación, ha presentado hoy el Primer Plan de Inclusión Social elaborado para la ciudad de Alicante para el periodo 2020-2030 y que pretende ser el instrumento para combatir el riesgo de exclusión social y para reducir el número de personas residentes en la capital de la provincia en situación de vulnerabilidad y exclusión.
El plan está dotado para este año con cerca de 25 millones de euros e incluye los 7 millones de euros aprobados por el equipo de gobierno para hacer frente a los efectos sociales negativos como consecuencia de la pandemia Covid 19. La previsión es que a lo largo de los cuatro años de esta legislatura se destinen más de cien millones de euros a financiar todas las políticas contempladas en el Primer Plan de Inclusión Social de la ciudad de Alicante.
En la presentación del plan, el alcalde ha señalado que “la crisis provocada por el Covid 19 ha puesto de manifiesto que no sólo es necesario sino que es imprescindible este plan, que además es una herramienta de recuperación para superar la crisis”.
Este plan, ha explicado el edil Antonio Peral, es trasversal y afecta a la práctica totalidad de las áreas municipales, que contribuyen a su financiación, y se encuentra en estos momentos en proceso de análisis por las distintas concejalías, que trabajan ahora en la incorporación de las medidas adicionales surgidas a raíz de la declaración de la pandemia y que también se contemplarán en la propuesta definitiva. La previsión es que a principios del mes de junio esté totalmente cerrado y se puedan poner en marcha todo el conjunto de medidas que contempla el Primer Plan de Inclusión Social de la ciudad de Alicante para luchar contra la desigualdad y atender las necesidades de las familias en situación de vulnerabilidad y que ya están previstas en los presupuestos municipales recientemente aprobados”.
En paralelo se está ultimando con todas las concejalías implicadas el plan financiero para el periodo 2021-2023 y se va a abrir un proceso participativo para que todas las entidades sociales y el resto de grupos políticos integrados en la corporación aporte sus propuesta y sugerencias en relación al documento que se les va a trasladar. No obstante, el plan, dada la urgencia social que ha provocado el Covid 19, se pondrá en marcha con las partidas económicas ya contempladas en los presupuestos de 2020 y las medidas económicas aprobadas en el plan de emergencia social y que está dotado con siete millones de euros.
El Plan de Inclusión Social se va a desarrollar a través de cuatro líneas estratégicas, que en conjunto contarán con una partida presupuestaria de cerca de 25 millones de euros en 2020. La más voluminosa, con 18.3 millones de euros, es la destinada a promover procesos de autonomía personal y de inclusión social y contempla desde las prestaciones sociales tradicionales a ayudas para el acceso al empleo y la formación, acceso a la vivienda, acceso a la educación, acceso a la información y derechos cívicos y también prevé ayudas para mejora la atención sanitaria de los más desfavorecidos. Con 1.2 millones de euros se dota la partida destinada a superar los desequilibrios territoriales y algo más de un millón de euros servirá este año para favorecer la colaboración entre administraciones y la iniciativa social. A estas cantidades hay que sumar las destinadas a sufragar los salarios de los más de trescientos trabajadores que se encargarán de implementar y aplicar el Plan de Inclusión Social y el gasto en infraestructuras y equipos necesarios para hacer operativo este proyecto.
El Plan de Inclusión Social de la ciudad de Alicante se enmarca dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU para el periodo 2020-2030 y persigue, dentro de este ámbito, poner fin a la pobreza y al hambre, dar una educación de calidad, propiciar la igualdad de género, lograr un trabajo decente y que el crecimiento económico afecte a todos, reducir las desigualdades, propiciar una ciudad y una comunidad sostenible, además de garantizar paz, justicia e instituciones solidarias.
También contempla este plan los cinco objetivos establecidos por la Agenda Urbana Española, como son fomentar la cohesión social y buscar la equidad, impulsar y favorecer la economía urbana, garantizar el acceso a la vivienda y liderar y fomentar la innovación.
