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La nueva normativa nace para dar una respuesta y solución a las denuncias de los vecinos, que se han desbordado tras la derogación por el tripartito de la anterior ordenanza
El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado en Junta de Gobierno el proyecto de Ordenanza de Convivencia Cívica en el término municipal de Alicante, con la que se pretende preservar los espacios públicos, fomentar una mejor convivencia entre sus ciudadanos y un mayor civismo, así como actuar contra la mendicidad ilegal y coactiva.
El Ayuntamiento busca con ella regular, y al mismo tiempo establecer un marco normativo adecuado para dar protección social a las personas necesitadas a través de la intervención de los servicios sociales, y tener una herramienta eficaz de actuación jurídica para que la Policía Local pueda intervenir y solucionar problemas que perturban la convivencia de las personas en la ciudad.
El equipo de Gobierno lleva trabajando en el borrador de esta nueva ordenanza durante más de un año para su elaboración, y se ha basado en el modelo de la Federación Española de Municipios y Provincias, aprobado en muchos Ayuntamientos con el consenso mayoritario de todos los grupos políticos.
El concejal de Seguridad, José Ramón González, ha defendido que esta es “una buena ordenanza”, porque se ha impulsado para “resolver conflictos ciudadanos, garantizar la convivencia cívica, actuar contra la mendicidad coactiva, con violencia o intimidación, actitudes de acoso, conductas vandálicas y cuidar de nuestros espacios públicos”.
La nueva norma, aprobada inicialmente, se ha sometido a una consulta pública y de participación ciudadana, y se llevará al próximo pleno para su debate, y posteriormente será expuesta con un período de presentación de alegaciones.
La estructura de la ordenanza esta dividida en una exposición de motivos, 3 títulos, 42 artículos, 2 disposiciones adicionales, 1 Disposición Final, y un anexo de infracciones y sanciones. La ordenanza pretende solucionar a su vez los problemas de convivencia cívica sobre actuaciones coactivas o de acoso que dificultan el libre tránsito viario y la circulación peatonal en las vías, parques y espacios públicos dando protección social a las personas necesitadas y eliminado situaciones que obedecen a conductas organizadas.
La ordenanza regula el comportamiento pacífico en la vía pública, poder transitar por la ciudad sin ser molestados o perturbados en su voluntad, sanciona las perturbaciones por ruidos, prohíbe realizar todo tipo de grafitis, la práctica de juegos en el espacio público y de competiciones deportivas masivas, consumir bebidas alcohólicas en los espacios públicos, se prohíbe la realización de actividades y la prestación de servicios en el espacio público que debiendo contar con autorización municipal carezcan de ella, entre otras cuestiones.
Por otro lado, en el apartado dedicado a la ocupación del espacio público por conductas que adoptan formas de mendicidad, se quiere proteger frente a la mendicidad coactiva, intrusiva o agresiva, así como organizada, y que representen actitudes coactivas o de acoso.
El edil de Seguridad ha explicado que pretendemos “solucionar problemas que nos denuncian los vecinos diariamente de convivencia, abordarlos de la mano de los servicios sociales, acompañando y ofreciendo ayuda a las personas que lo necesitan, estudiando cada caso, ofreciendo prestaciones y tratando las adicciones, no podemos mirar para otro lado como hizo el tripartito, dejando que los problemas fueran de los vecinos sin aportar soluciones, ahora podremos poner medidas sociales para resolverlas”.
El principal objetivo de la ordenanza es el de evitar conductas que puedan perturbar la utilización abusiva o inapropiada de los espacios públicos, preservándolos como un lugar de convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio, encuentro y de recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás.
Entre otros aspectos, en su capítulo V regula la utilización del espacio público para el ofrecimiento y demanda de servicios sexuales, con el objetivo de evitar actividades de explotación sexual, y prohibiendo las prácticas sexuales y el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta de servicios sexuales en la vía pública, cuando estas prácticas afecten a la convivencia ciudadana.
El edil José Ramón González ha indicado que “se actuará en el ámbito de nuestras competencias para evitar actividades que perturben la convivencia ciudadana, y siempre bajo el modelo de la Federación Española de Municipios y Provincias”.
La nueva norma establecer unas pautas necesarias para impedir el abuso en el ejercicio de los derechos, y bajo el principio de proporcionalidad, y se limita al mínimo imprescindible la regulación, estableciendo un régimen de infracciones y sanciones con aplicación de alternativas.
La ordenanza tipifica los tipos de infracciones que conllevan el incumplimientos de la normativa con un cuadro de sanciones leves, graves y muy graves, que oscilan entre los 210€ y los 3.000 euros.
La ordenanza está estructurada con una exposición de motivos en la que explica que la normativa es un instrumento efectivo para hacer frente a situaciones y circunstancias que se producen en espacios públicos, y que pueden afectar a la convivencia de las personas o alterarla, y establece las pautas necesarias para impedir el abuso aún en el ejercicio de los derechos cuando el mismo entre en colisión o vulnere el de los demás.
