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Ahora reclaman además poder actuar con rapidez contra la ocupación ilegal que se sancione con penas de entre uno y tres años de prisión
Alicante, 24 de septiembre de 2020. El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado una declaración institucional en la que se pide cambios legales para acabar con la ocupación de viviendas de forma ilegal en las primeras 48 horas, al tiempo que piden que se sancione con penas de prisión de entre uno y tres años. Al mismo tiempo lamentan que las medida solicitadas hace seis meses en este sentido tanto al Gobierno como al Consell hayan caído en saco roto y ahora se experimente un repunte de casos que ha generado la alarma social además de ser un atentado con el derecho a la propiedad privada.
Las portavoces de los grupos Popular, Mari Carmen de España, y Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, han presentado esta Declaración Institucional conjunta en la que ponen en evidencia como “la sociedad española está siendo testigo de un fenómeno enormemente perjudicial llevado a cabo por grupos que, valiéndose de una deficiente regulación legal, privan de su derecho a la propiedad a los titulares de viviendas ocupándolas ilegalmente”.
La iniciativa ha salido adelante con los votos mayoritarios de los grupos PP, Ciudadanos y VOX (16) y en contra de PSOE, Compromís y Unidas Podemos (13).
La declaración institucional establece que “es necesario distinguir entre las ocupaciones ilegales que llevan a cabo individuos o grupos de delincuencia organizada y las realizadas por grupos antisistema, en ambos casos, la ‘okupación’ es un acto ilegal que merece el reproche de los poderes públicos y contra el que hay que luchar en defensa de la ley”.
Tras dejar constancia de que la práctica de la ocupación ilegal de viviendas no hace más que crecer y que en el caso de la provincia de Alicante en los últimos cinco años las cifras se han duplicado, pasando de 247 casos en 2015 a 419 en 2019, De España y Sánchez han recordado que el pasado mes de febrero fue aprobada por este Pleno una Declaración Institucional por medio de la cual se solicitaba al Consell que instase al Gobierno de España a agilizar el desalojo de viviendas ilegalmente ocupadas y a reformar el Código Penal y toda la legislación afectadas con este mismo fin.
Medidas a tomar
Medio año después y tras haberse desoído esta reclamación, los grupos que conforman el equipo de gobierno municipal vuelven a plantear de nuevo que se reforme el Código Penal reforzando la pena del delito de usurpación, para que el mismo pase de multa a privación de libertad de uno a tres años. También se reclaman cambios legales para que el desalojo de los pisos se haga efectivo en el plazo máximo de 48 horas y la reforma de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para que la ocupación ilegal no pueda dar lugar a la inscripción de los ocupantes en el padrón municipal.
Además, se pide cambiar la Ley de propiedad Horizontal con el fin de legitimar a las comunidades de propietarios para emprender acciones legales, en caso de que se desconozca el propietario o éste no comparezca y cuando se constaten amenazas para la seguridad y la convivencia derivadas de estos casos de ocupación.
Asimismo, se plantea la reforma del Código Penal para que las personas jurídicas propietarias de viviendas puedan ejercer su derecho a la hora de recuperar la posesión de las casas ocupadas ilegalmente y potenciar la coordinación y la cooperación institucional para reforzar la eficacia en la lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles, en particular, entre la Policía Municipal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Autonómica, así como con la Administración de Justicia, para asegurar una pronta actuación ante ocupaciones que atenten contra la seguridad y la convivencia ciudadanas.
