El cambio climático es uno de los asuntos más urgentes que debe atender nuestra sociedad. Los diferentes informes científicos del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático) publicados en los últimos años, ratifican la gravedad y la urgencia de intervenir frente a este fenómeno.
Aún admitiendo que el clima de nuestro planeta haya podido sufrir cambios continuos a lo largo de su historia, existen evidencias que apuntan a que, en las últimas décadas, la actividad humana está provocando cambios en el clima más rápidos que la capacidad del medio natural para reaccionar.
Como consecuencia del calentamiento global, se prevé la aparición en las próximas décadas de graves impactos ambientales y socioeconómicos a escala planetaria tales como una mayor incidencia de los fenómenos meteorológicos extremos (sequías, inundaciones), la alteración de los sistemas naturales y la reducción de la productividad agrícola y forestal en amplias zonas.
El sur de Europa, y especialmente España, será especialmente sensible a estos fenómenos, así, las más recientes evaluaciones apuntan hacia una disminución de los recursos hídricos, la posible regresión de la costa, las pérdidas de la biodiversidad biológica y ecosistemas naturales y los aumentos de los procesos de erosión del suelo.
Concretamente, para el área geográfica en la que se encuentra el municipio de Alicante las previsiones del Ministerio de Medio Ambiente y la Oficina Española del Cambio Climático pronosticaban unos incrementos a final de siglo de 3 – 4 grados centígrados de la temperatura media, tanto en verano como en invierno. Para las precipitaciones las previsiones son de una disminución de 0,25 – 0,5 mm/día en los meses veraniegos mientras que en invierno se mantendrán las precipitaciones actuales.
Según los datos aportados por el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio), más del 40 % de las emisiones de gases de efecto invernadero se producen en nuestras ciudades, procedentes fundamentalmente del tráfico, de consumos energéticos ligados a la vivienda y otras actividades relacionadas con los edificios y actividad industrial a las que habría que añadir las emisiones producidas por la gestión y eliminación de los residuos. Por lo tanto, en el ámbito local puede canalizarse una gran parte de la prevención y respuesta al cambio climático.
La Federación Española de Municipios y Provincias, consciente de la magnitud del problema y del importante papel de los municipios en su resolución, suscribió con el Ministerio de Medio Ambiente en noviembre de 2.004, un Acuerdo Marco de Colaboración para desarrollar actuaciones conjuntas de sostenibilidad urbana, cuyo objetivo general era poner en marcha iniciativas de prevención de la contaminación y lucha contra el cambio climático. Fruto de este acuerdo se promovió el desarrollo de la Red Española de ciudades por el Clima, cuyo principal fin es dar soporte técnico a los municipios en la adopción de medidas de lucha contra el cambio climático, e impulsar las actuaciones que favorezcan el establecimiento de políticas preventivas en los distintos ayuntamientos españoles.
En estos momentos la Red Española de ciudades por el Clima está constituida por más de un centenar de municipios españoles que en conjunto representan a una población superior a los 15 millones de habitantes. Alicante se incorporó a dicha Red en su Asamblea constituyente en diciembre de 2.008.
La adhesión de un municipio a la Red supone, entre otros compromisos, adoptar un conjunto de medidas incorporadas en un Plan de Actuación, cuyo desarrollo para el municipio de Alicante se recoge en el Plan de Acción de energía sostenible de Alicante. (PAES)
Como consecuencia de las políticas de sostenibilidad que inició el Ayuntamiento de Alicante tras suscribir la carta de Aalborg en junio de 1.998, algunas de las medidas que se recogen en este Plan de Actuación vienen ejecutándose en los últimos años o al menos han sido iniciadas.
El desarrollo de un Plan de Acción debe ser considerado como un proceso compartido entre las diferentes áreas del Ayuntamiento y debe atender a la necesidad de participación y consulta tanto de los diferentes sectores afectados como de la ciudadanía en general, de manera que el proceso se vea acompañado en todo momento de un clima de consenso y de la transparencia necesaria.
